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En defensa de primarias en el PP

Por Íñigo Henríquez de Luna

Artículo publicado en El Mundo el 18 de noviembre de 2016

No corren buenos tiempos para las primarias. Tan denostadas y desprestigiadas últimamente por las cúpulas de los aparatos de algunos partidos en España y, en cambio, tan esperadas y reclamadas por sus bases. Podría parecer, no sin una buena dosis de verdad, que entre éstos y aquéllos hubiera una distancia de cierta cautela, una guerra fría en la que convivieran o sobrevivieran dos almas en desigualdad de condiciones: la cúpula dictamina el sistema para la elección de sus líderes, generalmente bautizando al propio de “más democrático” que el de los adversarios, y a los militantes no les queda otra alternativa que esperar, como el coronel de Gabriel García Márquez, a recibir el reconocimiento al que tienen derecho: poder elegir directamente y sin intermediarios al líder o al candidato de su partido. Una expectativa que no hace más que aumentar, como es lógico, la distancia, el desánimo y la desafección de sus bases: el militante no tiene quien le escriba.

Los defensores del establishment y del inmovilismo, aquéllos que desacreditan las primarias generalmente desde posiciones interesadas y cómodas en los aparatos de sus respectivos partidos, parecen haber encontrado el caldo de cultivo idóneo, en el actual clima de inestabilidad política, para componer un totum revolutum anti-primarias. El auge de los populismos en las democracias occidentales -el Brexit en el Reino Unido, Trump en EEUU, el Frente Nacional de Le Pen en Francia, Alternativa por Alemania, Wilders en Holanda- o en España, la crisis del PSOE o la irrupción y ascenso de Podemos y sus confluencias, con su apuesta por la democracia directa o asamblearia, son las excusas perfectas para cuestionar el principio democrático en los partidos políticos.

En esta suerte de ceremonia de la confusión, todo vale en la batalla contra las primarias y en la defensa de los intereses personales, aunque para ello sea necesario mezclar, en un ejercicio de escaso rigor y manipulación, churras con merinas. Por eso conviene dejar claro que nada tiene que ver defender la democracia interna en los partidos políticos -consagrada en el artículo 6 de nuestra Constitución- y defender el derecho de los miembros de una organización a elegir de forma directa a su máximo dirigente, con el asamblearismo de Podemos, que no sólo está en las antípodas, sino que supone una enmienda de totalidad a la democracia representativa.

Después de cinco años, Mariano Rajoy ha anunciado la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Popular los días 10, 11 y 12 de febrero. Un Congreso que, desgraciadamente, será una vez más a imagen y semejanza de los anteriores: 3.128 compromisarios -de un partido en el que presuntamente hay 900.000 afiliados- tendrán el inmenso honor y la nada desdeñable responsabilidad de elegir a nuestro presidente, que salvo mayúscula sorpresa, será el propio Rajoy como candidato único. Prohibido hablar de primarias.

Y como el que espera lo mucho, espera lo poco, los militantes, que siempre hemos sabido esperar tanto lo uno como lo otro, tendremos que esperar de nuevo. Parece que el sistema de elección de un militante, un voto, que algunos hemos defendido a capa y espada desde hace muchos años, sin oportunismos ni estrategias sino desde la convicción y la honestidad, y que de manera esperanzadora se asumió en la Conferencia Política de mi partido en julio de 2015, ha quedado en nada; acaso en una promesa vacua, en una oportunista declaración de intenciones, en un espejismo en medio de una travesía por el desierto que ya dura, no 40 días, sino cerca de 40 años.

El argumento oficial vuelve a ser que el PP es un partido de orden, un partido que va de la ley a la ley, un partido en el que tenemos unos estatutos y un sistema de elección de nuestros líderes y candidatos tan democrático como los demás, un partido en el que si se quieren cambiar las normas hay que hacerlo en el mismo Congreso a través del derecho de enmienda de cualquiera de los militantes. Algo que, por cierto, hicimos en el Congreso de Valencia de 2008 y en el de Sevilla de 2012 sin mucho éxito, sin ningún éxito más bien, ya que no tuvo el apoyo de ninguno de los dirigentes nacionales de mi partido. Lo que evidencia que en este “democrático como el que más” PP es imposible que se cambie nada sustancial, y mucho menos en lo respectivo a la elección del líder, sin el apoyo de la dirección nacional, que es lo mismo que decir del presidente del partido.

Las preguntas son difíciles de eludir: ¿a quién se quiere engañar cuando se dice que la elección por compromisarios es tan democrática como la elección directa por los afiliados? ¿A quién se quiere engañar cuando se compara la elección de compromisarios en el Partido Popular con la de los delegados en los congresos del Partido Republicano y del Partido Demócrata de EEUU? Es una broma de mal gusto comparar nuestro sistema de elección, atado y bien atado, con el centenario sistema de primarias o caucus estadounidense, toda una carrera de obstáculos en el que la competitividad entre los candidatos -12 republicanos y tres demócratas para estas últimas elecciones presidenciales, ni más ni menos- dista mucho de los sistemas europeos y aún más del español. Si fueron buenas para elegir a Reagan también lo son para elegir a Trump.

Y es una broma de mal gusto por la simple razón de que ambos modelos de elección son como la noche y el día. Es la paradoja idónea de cómo revestir de democrático lo que es simple y llanamente un proceso teledirigido. ¿Desde cuándo el sufragio censitario es igual de democrático que el sufragio universal? Si se me permite la comparación, sería algo así como si en vez de que votasen todos los españoles en las elecciones generales, pudieran hacerlo únicamente los presidentes de las comunidades de vecinos o un representante por cada calle, manzana o barrio de los miles de pueblos y ciudades de España.

En los congresos del PP ocurre algo similar, en tanto en cuanto no son congresos de afiliados, sino de cuadros del partido: 3.128 compromisarios, en teoría elegidos en más de 1.000 colegios electorales (la cifra nunca ha sido pública), y generalmente de manera automática, sin competencia ni votación. Es decir, si la inmensa mayoría de las sedes locales eligen a uno o dos compromisarios, ¿a quién van a elegir? Evidentemente, al presidente de la sede, al alcalde o al diputado local, sin que los militantes tengan la capacidad siquiera de aspirar a ser compromisarios. Porque lo contrario, además de una misión casi imposible, supondría hacer una moción de censura a la dirección local del partido.

Resulta evidente, por lo tanto, que si estamos hablando de un Congreso de cuadros y no de bases, el comportamiento de los compromisarios elegidos será distinto entre unos y otros, pues sus intereses también lo son. No es lo mismo lo que puede pensar o votar un dirigente que vive de la política, o que aspira a ello, que un afiliado sin otras pretensiones que defender las ideas y principios por los que se afilió o lograr lo mejor para su partido. Y yo me pregunto: aceptando como buenas las intenciones de la dirección nacional y queriendo ser absolutamente escrupulosos en el cumplimiento de los estatutos, ¿qué impide que en vez de 3.000 sean 30.000, 300.000 o incluso 900.000, los compromisarios que elijan al próximo presidente nacional?

Parece conveniente que si una organización se dice democrática tenga, obviamente, un principio democrático, al menos en la decisión más importante en la vida de un partido político: la elección del presidente nacional, que es también candidato a la Presidencia del Gobierno. Es inconcebible hablar de democracia sin respetar y asegurar los derechos y libertades de los ciudadanos, como es inconcebible hablar de democracia interna sin respetar y asegurar los derechos y libertades de los militantes. Por eso, y sobre todo por eso, cobra una mayor relevancia que la decisión de elegir al presidente nacional del PP cuente con el concurso del máximo número de participantes, esto es, de todos los militantes. Algo que contribuirá, además, a elegir a un candidato con más posibilidades de ganar unas elecciones, a otorgarle una mayor legitimidad, a conferirle una mayor difusión pública, a involucrar a los militantes en la vida del partido y, todavía más importante, a atenuar la partitocracia en la que ha terminado desembocando el régimen del 1978.

No nos hagamos trampas en el solitario y leamos bien el resultado del PP en las pasadas elecciones de mayo. Porque mucha gente nos votó, no desde la ilusión y el convencimiento, sino como mal menor y desde el miedo al frente popular que se avecinaba. Si el PP de verdad aspira a recuperar la ilusión de sus afiliados y de sus votantes es ineludible y urgente que cambie, que se convierta en un partido moderno, abierto y plenamente democrático, que no asambleario. Y si no queremos reconocer el derecho a la participación directa de todos los militantes hasta que no se cambien los estatutos, al menos se podría haber elevado de forma muy sustancial el número de compromisarios, aprovechando las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías.

Nadie duda que, de una forma o de otra, Mariano Rajoy será merecidamente reelegido presidente en el próximo Congreso Nacional, sobre todo después de que, al fin y a la postre, haya logrado formar Gobierno tras un año de veto del PSOE y de dos elecciones generales en las que mejoró nuestros resultados. De él dependía haberlo hecho con el mayor respaldo y legitimidad democrática posible. Pese a ello algunos volveremos a enarbolar la bandera de las primarias. Porque defendiendo las primarias defendemos la democracia.

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